Empresarios, comerciantes, productores y otros sectores preparan un pronunciamiento conjunto para dirigir al gobierno de Río Negro, en el cual expresarán un rechazo al “impuestazo” que significa la reciente aprobación por la Legislatura provincial del denominado Fondo Complementario de Desarrollo Eléctrico (Focde).
El proyecto fue impulsado por el oficialismo rionegrino y contó con el voto a favor de 33 legisladores. Su implementación en la práctica prevé la incorporación de un nuevo costo en la tarifa eléctrica de hasta un 5% total facturado a cargo de los consumidores finales. El objetivo perseguido apunta a la realización de obras estructurales que necesita el sistema eléctrico.
Aprobado en sesión la semana pasada, su sanción pasó prácticamente desapercibida por la mayoría de la población, más preocupada por el final de la campaña electoral para el balotaje presidencial que se concretó el domingo.
Ayer, el dirigente José Luis Bunter, titular de la Cámara de Industria y Comercio, manifestó que la iniciativa implica “un impuestazo” que afectará al conjunto de los usuarios y no solamente a industrias, comercios, pymes y productores.
“Este no es el momento de crear nuevos impuestos, ya hay demasiados impuestos” vigentes en la economía de todo el país, advirtió, y llamó la atención sobre el encarecimiento que experimentará el consumo de energía eléctrica.
Indicó que la iniciativa del Ejecutivo provincial ya había sido motivo de rechazo en los sectores empresarios y productivos desde su presentación el año pasado y ahora el malestar se ha multiplicado por su intempestiva aprobación.
El Focde es un tercer componente que se agrega al Fondo Provincial de la Energía Eléctrica. Los otros dos componentes son el Fondo Provincial de Subsidios Tarifarios y el Fondo Provincial de Infraestructura Eléctrica.
El referente mercantil expresó que “el nuevo impuesto” aumentará los costos de comercios, pymes y demás emprendimientos privados, y se volverá muy difícil de absorber por los empresarios. Al final, terminará por afectar los bolsillos de la población en general. Expresó que “esto no tiene nada que ver con la inflación” vigente en el país, sino que se trata un auténtico gravamen para la realización de obras que les corresponde efectuar a las concesionarias de los servicios de distribución y transporte de la energía.
Destacó que existe mucho malestar y preocupación en los diversos sectores económicos de Río Negro y anticipó que se tiene previsto firmar un pronunciamiento conjunto que se dirigirá a la gobernadora Arabela Carreras, a quien se le transmitirá el descontento que se ha generado. Se buscará así que se dé marcha atrás y no se ponga en vigencia la ley.((LMC))
