El Juzgado Federal de General Roca ha dado curso formal a la acción legal presentada y ha solicitado al Estado Nacional, en conjunto con Vialidad, la presentación de un informe exhaustivo y detallado que justifique las razones subyacentes a la omisión denunciada en el caso. Se ha establecido un plazo de once días hábiles para que las partes demandadas, es decir, el Estado Nacional y Vialidad, proporcionen esta información requerida por el tribunal. Paralelamente, en lo que respecta a la medida cautelar solicitada en el marco de la acción legal, el juzgado ha determinado un plazo de cinco días para que las demandadas presenten los informes correspondientes antes de que se proceda a su análisis judicial y se tome una decisión al respecto.
El escrito presentado ante el tribunal contiene una reclamación formal en la que se solicita que se declare la responsabilidad directa del Estado Nacional debido a la falta de mantenimiento adecuado de la ruta en cuestión. Además, se exige que el tribunal ordene la reparación completa e integral de los 150 kilómetros del tramo de la ruta que atraviesa la provincia de Río Negro, específicamente entre la ciudad de Cipolletti y el límite con la provincia de La Pampa.
Adicionalmente, la presentación judicial exige la implementación de medidas cautelares urgentes y de carácter inmediato. Entre estas medidas se incluye la señalización adecuada y visible de la ruta, la realización de trabajos de bacheo provisorio para mitigar los riesgos, y la puesta en marcha de campañas informativas dirigidas a la población con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito. Asimismo, se requiere la elaboración de un plan técnico y presupuestario detallado que garantice la ejecución efectiva de las obras de reparación necesarias, junto con la presentación de informes periódicos que permitan monitorear y evaluar los avances en la implementación de dicho plan.
Entre los puntos centrales y de mayor relevancia del amparo presentado, se detalla cómo el estado deficiente de la ruta impacta negativamente en diversos aspectos cruciales para la comunidad. Se menciona el obstáculo que representa para el servicio de salud pública, considerando que más de 576 traslados sanitarios han tenido que circular por ese tramo en lo que va del año 2025. También se destaca el perjuicio para la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes que asisten a 70 escuelas diferentes ubicadas en la zona. A esto se suman las afectaciones a actividades económicas clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, siendo esta última de particular importancia debido a su vinculación con la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas a nivel nacional.
La demanda también pone de manifiesto la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando una problemática en la asignación y uso de los recursos destinados al mantenimiento de las rutas. Se señala que, a pesar de la existencia de recursos específicos, como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que por ley debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, estos fondos han sido desviados hacia otros fines, dejando a rutas estratégicas como la Ruta 151 en un estado calamitoso y de abandono.
En cuanto al marco legal invocado en la presentación, se destacan diversos artículos de la Constitución Nacional que amparan el derecho a la seguridad y la libre circulación. Asimismo, se hace referencia a pactos internacionales como el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el Pacto de San José de Costa Rica, que establecen obligaciones para el Estado en materia de protección de los derechos humanos. Por último, se mencionan leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), así como jurisprudencia relevante que sienta precedentes en casos similares.
Esta demanda representa un paso significativo y firme por parte del Gobierno de la provincia de Río Negro en su objetivo de defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción y la falta de respuesta del Estado Nacional. Se argumenta que el Estado Nacional tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y, por ende, el deber de mantenerlas en condiciones seguras y transitables. A su vez, esta acción legal podría sentar un precedente judicial importante, abriendo la posibilidad de que otras provincias del país exijan judicialmente la realización de obras públicas urgentes ante omisiones estructurales por parte del Estado central.
La presentación formal de la demanda fue realizada por diversas autoridades y representantes de la provincia de Río Negro. Entre ellos se encuentran el Gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, el fiscal adjunto Luciano Minetti Kern, la defensora del Pueblo Adriana Santagati, los intendentes de las localidades de Cipolletti (Rodrigo Buteler), Catriel (Daniela Salzotto), Cinco Saltos (Enrique Rossi), Contralmirante Cordero (Horacio Zuñiga) y Campo Grande (Daniel Hernández). También participaron los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (José Bunter), de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro (Federico Paolo) y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (Ramiro Arceo)
((Cordillerano)).
