La Cámara Laboral de Cipolletti rechazó el pedido de dos hombres que fueron contratados para realizar un piquete y demandaron a su «empleador» en reclamo de derechos laborales. Ahora deberán pagar los gastos del proceso judicial.
Estas dos personas habían sido contratadas informalmente para impedir la circulación en un campo de Catriel. El encargado del establecimiento rural les pagó 10mil pesos para qué corten el paso en un camino interno y durante el juicio, aseguró que los llamó porque eran «conocidos piqueteros».
El campo se encuentra a 39 kilómetros de Catriel y, según surgió en la demanda, existe una zona en conflicto debido a que dos familias se disputan la propiedad en la que una empresa petrolera explota la actividad y abona servidumbre de paso.
La intención del piquete era impedir la circulación del camino interno para que la familia vecina no pudiera acceder a ese sector porque según aseguraron, querían usurpar la parcela. Para tal fin, contrataron a ocho personas de las cuales dos promovieron una acción judicial reclamando salarios e indemnización por despido.
Los dos hombres afirmaron haber cumplido tarea de “serenos” por lo que pretendían encuadrar su actividad en la categoría “peón general” del sector agrario. En defecto, solicitaron que se los contemple dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros Privados porque en ese sitio había una empresa que explotaba el petróleo.
El demandado negó todas las circunstancias y explicó que uno de los hombres es “un conocido y activo piquetero, participante en distintas situaciones de cortes de ruta y piquetes, que era amigo de su familia, y por dicha razón (la experiencia como piquetero) se lo convocó a participar en el corte percibiendo como colaboración la suma de 10.000,00 pesos semanales”. Esa persona, supuestamente, fue la encargada de convocar al resto.
A criterio de la Justicia, ninguno de los dos hombres pudo probar la realización de ninguna actividad agrícola y la Cámara del Trabajo llegó a la conclusión de que el objeto del contrato entre los dos hombres y el demandado “desde la óptica del Derecho del Trabajo, ha sido ilícito, contrario a la ley y a la moral y buenas costumbres, por comprometer el interés general y el derecho de libre circulación, amparado por la Constitución Nacional”. Todas las partes tendrán que hacerse cargo de los gastos del proceso judicial.
