El proyecto de extracción de cobre se ubica en la cuenca del río Grande, principal afluente del Colorado, por lo que debe tener la aprobación del Coirco y La Pampa ya avisó que se opone.
El Gobierno de Mendoza presentó en las últimas horas en su Legislatura el estudio de Impacto Ambiental (DIA) para la extracción de cobre en Cerro Amarillo, que deberá contar con la aprobación del Comité de Cuenca del Río Colorado porque pertenece a la cuenca del río Grande. La Pampa ya ha manifestado, desde el año 2014, que se opone a esa iniciativa por el riesgo de contaminación que podría provocar esa extracción a las aguas del río Colorado.
Medios mendocinos dieron cuenta de que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara Alta el proyecto con los estudios de la Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de exploración, que viene con el visto bueno de organismos técnicos de la Secretaría de Ambiente, por lo que solamente le resta la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, tal como establece la ley que regula la explotación minera 7722. Por supuesto que no informan que el proyecto deberá pasar por el Coirco.
Dicen en Mendoza que «el texto remitido, que cuenta con 1080 páginas, no solamente tiene incluidos todos los informes técnicos, más las aprobaciones de los organismos ambientales, sino que también están adjuntadas las notas y documentos por parte de sectores políticos, muchos de los cuales en 2014 -como por ejemplo sectores de izquierda e incluso del radicalismo- solicitaban que no se aprobara desde la Legislatura la DIA, teniendo en cuenta que no estaba hasta ese momento finalizado el relevamiento de glaciares en las cuencas de los ríos Grande y Malargüe, situación que fue resuelta en 2018 y la cual determinó que no habrá ningún tipo de afectación de la posible explotación de Cerro Amarillo con los glaciares del país, ya que está fuera de las zonas protegidas».
En Mendoza aseguran, citando fuentes oficiales, que «hay optimismo en el Gobierno de obtener el aval de los legisladores, por varias razones. En primer lugar, indicaron que el proyecto «está dentro de la 7722?, lo que descomprimiría una suerte de tensión que reina en el ambiente político cuando se tratan los temas mineros, así como también que se trata de un proyecto de exploración, donde el impacto «es mínimo»».
«Creemos que no deberíamos tener problemas. Está en el marco de la 7722 y en su momento no se aprobó porque no se había terminado el relevamiento de la Ley de Glaciares. Ahora concluido eso, está todo listo para ser votado», manifestaron.
Por otro lado, hay otro motivo que da tranquilidad al oficialismo, y es que los proyectos se aprueban con la mitad más uno de los legisladores, y si bien hay legisladores tanto de Cambia Mendoza como del Frente de Todos que no se han expedido al respecto, se espera que no haya problema en conseguir los números.
Ya en el año 2018, Mendoza intentó avanzar con el proyecto Cerro Amarillo. Quien asistió a la Legislatura mendocina a defender esa iniciativa fue Emilio Guiñazú, asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía. «El proyecto ratifica lo que en su momento se había informado, que no tiene interferencia con los glaciares», argumentó el funcionario, quien además es el titular de la empresa Potasio Río Colorado SA (PRC).
Guiñazú explicó que se encuentra el proyecto de Cerro Amarillo dentro de la Ley 7722 porque el tipo de mineralización se produce por un proceso llamado «flotación».
«No se utiliza ni ácido sulfúrico, ni cianuro, ni ninguna de las sustancias peligrosas que están prohibidas por la ley. Es un proceso en el cual la roca se muele muy finita, se la pone en agua con un detergente y eso genera burbujas; el material flota y se lo va ‘sacando’ físicamente de la superficie», marcó de forma general el funcionario, quien remarcó que «es un proyecto absolutamente compatible con las restricciones legales que tenemos en la provincia de Mendoza. Es una buena oportunidad que tiene la provincia para empezar a avanzar en trabajos mineros dentro del marco legal».
Con relación a Cerro Amarillo, se encuentra a 60 kilómetros al oeste del centro de Malargüe y está a una altura promedio de 2800 metros. El dato más importante que esgrimen desde el Ejecutivo es que el proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, «por lo que no existe ninguna potencial afectación del agua utilizada para consumo humano o usos productivos ni en el departamento de Malargüe ni en los departamentos de San Rafael y General Alvear».((El Diario))
