Suspenden otra vez el juicio al exintendente Bravo

El exintendente y actual concejal cuestionó la integración del tribunal y logró patear para adelante el debate. La denuncia por desvío de fondos se hizo diez años atrás.

El juez de audiencia, Carlos Besi, aceptó un planteo del exintendente de 25 de Mayo, David Bravo, y suspendió el juicio que estaba previsto para lunes, martes y miércoles de la semana próxima, y en el cual está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario en concurso ideal con peculado».

La defensa de Bravo, ejercida por el abogado Jorge Danzi, había planteado la integración y la competencia territorial del tribunal designado para el juicio. Consideró que el actual concejal debe ser juzgado por un tribunal de la circunscripción que corresponde a  25 de Mayo, con cabecera en General Acha, y no de Santa Rosa.

El pasado 4 de mayo Besi aceptó el recurso y suspendió el juicio. El tribunal estaba integrado por Alejandra Ongaro, Gastón Boulenaz y Daniel Saez Zamora. 

El debate ya se había postergado en dos ocasiones anteriores. La última, en 2020, por la pandemia de coronavirus.

El actual concejal por el Movimiento Popular Veinticinqueño había sido denunciado por tres concejales de la oposición, en 2012, por desvío de fondos.

Bravo fue condenado en el año 2016 por habilitar en forma irregular el cabaret «El Rancho».

La acusación del debate ahora postergado está basada en que en noviembre de 2012, Bravo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ley para que lo autoricen a firmar un convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo mediante el cual le iba a girar regalías hidrocarburíferas con el objetivo hacer obras públicas.

El CD lo aprobó con el apoyo de cinco ediles del Movimiento Popular Veinticinqueño y con el voto negativo de tres concejales del bloque Justicialista. Sin embargo, días después, los concejales opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, hicieron una presentación en la Justicia.

Por un lado, señalaron que la aprobación era «irregular» porque, como sostiene la Ley de Municipalidades, no se había conseguido la mayoría especial de seis votos.

Por otro lado, la ordenanza también contradecía la misma ley al permitir el uso de fondos públicos sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, como es el Concejo Deliberante.

Además, el exintendente Bravo todavía tiene que responder por una causa de «trata de personas» que se tramite en el Tribunal Oral Federal de La Pampa.(El Diario)

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