La SENAF rechazó la denuncia presentada por la legisladora Daniela Salzotto (FdT) y defendió su accionar en el caso de un menor asistido en el hospital de Cipolletti.
Mediante un comunicado, el organismo provincial expresó:
«Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro queremos manifestar nuestro total repudio y rechazo a las recientes declaraciones de la titular del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (CONIAR) en los medios de comunicación, por entender que se alejan de la realidad y exponen la situación de un niño con quien se interviene de manera conjunta con otros organismos del Sistema de Protección Integral, en clara vulneración de sus derechos.
Asimismo, queremos remarcar que durante todo el proceso de intervención de la SENAF, que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo, hemos estado en permanente contacto y articulación con el Juzgado de Familia a cargo del Dr. Benatti, a quien elevamos los distintos informes detallando el accionar del equipo técnico del organismo proteccional. Si bien las medidas de protección integral de derechos que implementa la SENAF y el área de salud no requieren aval judicial en la mayoría de los casos, la complejidad de algunas situaciones requiere de intervenciones articuladas, debiendo algunas de ellas contar con controles de legalidad.
En igual sentido, hemos mantenido permanente comunicación con la titular de la Defensoría del Pueblo, Dra. Adriana Santagati, a cargo del Órgano de revisión de Salud Mental en la Provincia de Río Negro.
La SENAF y el Hospital local de la ciudad de Cipolletti son organismos que integran el Sistema de Protección Integral conforme la normativa de niñez a nivel nacional y en virtud de ello poseen competencias específicas. En este sentido, si se trata de una internación, es el organismo del ámbito de salud quien tiene que garantizar el cuidado de las personas usuarias. Se trata de lograr la especificidad en el marco de la articulación. En ningún momento desde la SENAF hemos dejado de intervenir en la situación buscando de manera constante alternativas que permitan garantizar los derechos afectados.
Resulta llamativo que la titular del CONIAR prentenda garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y/o adolescentes mediante denuncias infundadas y campañas mediáticas de difamación hacia el organismo proteccional y sus trabajadores/AS, cuando con su actuar genera un efecto contrario y perjudica las estrategias de nuestra intervención.
Por último, nos ponemos a entera disposición de las autoridades judiciales, como lo hemos realizado en otras oportunidades, para brindar la información que consideren necesaria, solicitando a quienes integran el Sistema de Protección tomar acciones que tengan en mira la restitución de derechos y no que busquen deslindar su responsabilidad o alcanzar réditos personales».(ADN)