El gobernador Sergio Ziliotto mediante el Decreto 4765/21 creó el Registro Oficial de Víctimas Pampeanas del Terrorismo de Estado, otro trascendente paso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en La Pampa.
Promovida su conformación por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, y el subsecretario de DDHH, Juan Pablo Fasce, el registro oficial recuerda y homenajea a las personas que fueron desaparecidas o asesinadas por el accionar represivo del Estado antes y durante la última dictadura militar, determinando de manera oficial un registro de víctimas pampeanas. Este contendrá los nombres y las historias de vida de 67 víctimas y de cuatro hijas o hijos apropiados durante el cautiverio de sus madres.
Como parte de las políticas de Estado activas y presentes de la gestión del gobernador Ziliotto, se puso en marcha esta medida gubernamental como homenaje y un ejercicio de la memoria en el entendimiento de que sin memoria no se realizarán plenamente los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, ni habrá garantías de no repetición que permitan consolidar un régimen más democrático. Esta medida administrativa tiene como objetivo reconocer a las víctimas, reparar los daños específicos que han sufrido y afirmar su condición como titulares de derechos.
El último avance en este sentido fue en marzo de este año cuando se sumaron 15 nuevos casos al registro que existía de manera no oficial en la Subsecretaría de DDHH, luego de que se determinara su origen por parte del investigador Norberto Asquini.
El listado contiene nombres de víctimas nacidas en La Pampa o que tuvieron una trayectoria de vida vinculada a la provincia, y que fueron desaparecidas o asesinadas por el accionar represivo del Estado entre 1972 y 1983. Además recuerda los casos de hijas o hijos apropiados como las hijas de Miguel Angel Gallinari y Lucía Tartaglia cuya identidades fueron restituidas e hijas o hijos de Carlos Orzaocoa y Ana María Gutiérrez, que continúan siendo buscados por Abuelas de Plaza de Mayo.
El gobierno provincial destacó que este tipo de medidas que son parte del proceso de memoria, contribuyen al compromiso social democrático, fomentan los debates sobre la representación del pasado y permiten abordar de manera pertinente problemáticas del presente.
