Montecino, Odarda y Salzotto solicitan prorrogar la ley 26160

En el día de ayer se presentó en la legislatura rionegrina una solicitud al Congreso de la Nación con el objetivo de prorrogar la Ley Nacional Nº 26.160 durante un período de 4 años. La misma tiene como fin la declaración de emergencia en la posesión y propiedad indígena.
La Ley nacional 26160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia, y de orden público.La ejecución del programa nacional de relevamiento, en las Comunidades que acrediten una ocupación con las características determinadas por la Ley 26.160, significa un primer paso en el reconocimiento del Estado Federal sobre los territorios que de manera actual, tradicional y pública ocupan las Comunidades Indígenas.
El relevamiento no es un censo, ni una mensura. No otorga título de propiedad y no tiene por objetivo resolver conflictos internos ni con terceros.La iniciativa presentada por por los legisladores Facundo Montecino Odarda y Daniela Salzotto (Frente de Todos) solicita al Congreso de la Nación la prorroga de esta ley por un nuevo período de 4 años. Al respecto Montecino Odarda manifestó que “nuestra provincia no escapa a la situación de riesgo en que se encuentran los territorios tradicionales indígenas ubicados en ella. Siguen existiendo situaciones de desalojo, sometiendo a las comunidades y pobladores indígenas a injustas situaciones de desapoderamiento. Es de suma importancia para el pueblo mapuche que se prorrogue la Ley Nacional y su actualización, pues constituye una herramienta fundamental que lleva seguridad jurídica a las tierras y territorios que ancestralmente ocupan las comunidades indígenas en nuestro territorio, ya que son varios los casos judiciales o por judicializarse”.

(APP)

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