El móvil de la Policía Federal estacionado sobre calle Laprida llamó la atención, sobre todo por la cercanía de la delegación. Lo raro era la presencia en la puerta de la Casa de Gobierno que no fue casual, es que los uniformados llevaban una orden de allanamiento para ingresar al área legal y técnica, donde se tramitan las distintas licitaciones y contratos.
Sin embargo, se pudo saber que la presencia de los policía federales en Casa de Gobierno habría tenido que ver con el cumplimiento de una orden judicial para acceder a la documentación de la adjudicación de los casinos cordilleranos que el año pasado fueron cedidos por 20 años a una empresa de Cristobal López, la que debía aportar la primera cuota de los 4,2 millones de dólares de canon comprometidos para la construcción de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche, pero que sin embargo la gobernadora Arabela Carreras le prorrogó el pago por la situación de pandemia.
Los policías llegaron a la oficina en cuestión, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación y luego se retiraron. Analizaron documentación que tendrían que ver con la prórroga concedida a Casino Club y que fue denunciada por el legislador de Juntos por el Cambio Juan Martín. En la que se cuestiona el incumplimiento del artículo 15 del contrato de concesión que fija el canon de 4.2 millones de dólares “en cuatro pagos semestrales, con un período de gracia de seis meses”. La primera cuota se debía hacer efectiva el 1 de junio, pero la empresa solicitó una prórroga por haber tenido que hacerse cargo de las salas de juego de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci durante la pandemia. Entonces la empresa fue beneficiada y recién deberá hacer frente al primer desembolso el 1 de septiembre.
La nueva terminal de Bariloche, principal destino turístico de la provincia y entre los más elegidos del país es una vieja demanda de la municipalidad que debe velar permanentemente para que los terrenos ya cedidos no sean usurpados. El Estado Nacional se comprometió a financiar el 50% de la obra, pero la llegada de esos fondos se retrasaron por la muerte del ministro de Transporte Mario Meoni.
(MI)